Against Fracking

Luis Díez escribe desde Cuarto Poder: 

La mayoría absoluta del PP ha dado en solitario el visto bueno a dos leyes que permiten alancear cualquier punto de la geografía española mediante la técnica del fracking o fracturación del subsuelo, inyectando grandes cantidades de agua y componentes químicos para liberar el gas y comercializarlo. Todo el territorio, la mentada “piel de toro”, se halla bajo la lupa de esta agresiva explotación del subsuelo. Varios municipios gallegos, gran parte de Castilla-León, Cantabria, Álava, La Rioja, Aragón, parte de Cataluña y amplias áreas de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, han atraído el interés de los extractores. Y aunque toda la oposición política rechaza la legalización del fracking por falta de garantías medioambientales y sísmicas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy antepone los intereses energéticos privados al daño al medio natural.

De las tres votaciones en las que el PP se ha quedado sólo en el Parlamento en las últimas horas, dos corresponden a actividades depredadoras del medio ambiente. La tercera se registró contra la regresiva ley Wert, que será contestada por la comunidad educativa con una huelga general el próximo 24 del corriente. La legalización del fracking como actividad industrial ha sido introducida “por la puerta de atrás” por el ministro del ramo, José Manuel Soria, en la Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en Canarias y Baleares. El portavoz socialista, Jesús Alique, denunció la trampa legislativa y todos los grupos apoyaron las enmiendas pidiendo la retirada de las dos disposiciones estrambóticas (de estrambote) en una ley ajena al asunto.

Esto ocurría a las once de la noche del miércoles en el Senado y, unas horas después, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Árias Cañete, defendía en el Congreso el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental que recoge la actividad industrial y gasística del fracking y permite al Gobierno central otorgar los permisos de impacto ambiental y realizar las concesiones en cuatro meses. Cañete argumentó que la dilación de los proyectos sometidos a impacto ambiental es elevadísima –“el tiempo medio es de tres años frente al límite de dos fijado en la norma actual”, dijo–,  y eso frena, según dijo, el desarrollo económico de España. “A ello hay que sumar la inseguridad jurídica por la proliferación de normas autonómicas”, agregó.

La solución de Cañete consiste en centralizar las competencias autonómicas, reducir a cuatro meses los informes de impacto ambiental de los proyectos estratégicos –y los hidrocarburos tienen esa consideración– y “agilizar las demandas de los promotores”. Si después sobrevienen temblores de tierra como los que se registran en Castellón y Tarragona porque no se evaluó el impacto sísmico del almacén natural de gas Castor como había pedido la izquierda cuando gobernaba en Cataluña, o se contaminan los acuíferos, se desvían las corrientes subterráneas y se esquilman y secan los cursos fluviales, todo habrá sido “para fomentar la actividad económica y el bienestar de los españoles”, según Cañete. De paso, el Gobierno ha aprovechado el proyecto para prohibir el bunkering (gasolineras flotantes), un negocio del que se ha lucrado el propio ministro con la reventa de combustible de los buques nodriza en Gibraltar y Canarias. “Lo suyo es un lavado de cara, señor ministro“,  le reprochó la diputada catalana de ICV, Laia Ortiz. La ley también considera ilegales los rellenos costeros como el que se realiza en Gibraltar para construir viviendas.

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